La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, manifestó durante el acto convocado por Aministía Internacional y unos 60 ongs defensoras de los derechos humanos, que “En 2016 somos 1800 las ciudades del mundo que están contra la pena de muerte. Todavía quedan muchos países que tienen la pena de muerte en su sistema legal. Las ciudades que rechazamos la pena de muerte estamos a favor de la vida. Creemos que debe modificarse el modelo político, social y educativo para lograr la abolición de la pena de muerte en todos los países”.
Este fue el manifiesto que se leyó ayer en la puerta del teatro Víctor Jara:

Un año más, hoy, 30 de noviembre, nos reunimos para celebrar una nueva edición de Ciudades por la Vida / Ciudades contra la Pena de Muerte, en recuerdo de la primera abolición de la pena capital, en el Gran Ducado de Toscana en 1786. Hoy más de 2000 ciudades de todo el mundo se iluminarán para decir no a esta pena cruel e injusta que elimina la vida. No hay justicia si no hay vida.
En 2015, por primera vez, la mayoría de los países del mundo, 103, abolieron por completo la pena de muerte. En total son 140 los estados abolicionistas, ya sea en la ley como en la práctica, 140 países que han renunciado a seguir matando en nombre del Estado.
En el próximo mes de diciembre se podrá dar un nuevo paso adelante logrando que en la Asamblea General de las Naciones Unidas más países se manifiesten a favor de la Resolución para la moratoria universal de todas las ejecuciones, con vistas a abolir la pena de muerte en todo el  mundo.
Sin embargo, no podemos bajar la guardia. En 2015 tuvimos conocimiento de un alarmante aumento de las ejecuciones. Nunca, en los últimos 25 años, habían sido ejecutadas tantas personas por estados de todo el mundo. Al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015.
El dato supone un aumento de más del 50% con respecto al año anterior y es la cifra más alta registrada desde 1989. Además, China no se incluye en esta cifra total. En este país es probable que fueran ejecutadas miles de personas más, pero los datos sobre la pena de muerte se tratan como secreto de Estado.
De todas las ejecuciones registradas, el 89 % se llevaron a cabo en solo tres países: Irán, Pakistán y Arabia Saudí.
En este año resaltamos el caso de Ali Mohammed Baqir al-Nimr, condenado a muerte tras haber "confesado" culpable de delitos cometidos cuando tenía 17 años, encontrándose en la actualidad en riesgo inminente de ejecución en Arabia Saudí.
La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que es vinculante jurídicamente para Arabia Saudí, establece claramente que no puede imponerse la pena de muerte por delitos cometidos por menores de 18 años.
No existe ni una sola prueba fehaciente de que la pena de muerte sea un factor disuasorio a la hora de cometer un delito, pero sí existen claros ejemplos de que es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra personas económicamente desfavorecidas,minorías y para acallar a la disidencia política.

Nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia.
Por todo ello exigimos a los gobiernos de todo el mundo que den los pasos necesarios para la suspensión total de las ejecuciones y la abolición universal de la pena de muerte. Por eso estamos hoy aquí para decir una vez más:
¡¡¡NO A LA PENA DE MUERTE!!! ¡¡NO HAY JUSTICIA SI NO HAY VIDA!!
¡¡Con vuestra ayuda, un mundo libre de ejecuciones es posible!!